Mejorar la productividad o la propia inserción y promoción laboral. La formación de población ocupada, aquella que está trabajando, beneficia tanto a las empresas como a los empleados, y supone una herramienta fundamental en la mejora de las competencias en el trabajo. Pese a su importancia, durante los últimos años en España se ha producido un importante retroceso en la financiación de este ámbito, tal y como recoge el artículo Ampliar y mejorar la formación de las personas ocupadas: una necesidad, del investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona Andreu Lope.
Según la investigación, en los últimos diez años el presupuesto general de las políticas activas de empleo ha sufrido un recorte de cerca de 2.500 millones de euros. Entre medias, durante los peores años de la crisis y justo cuando era más necesario un impulso en el mercado laboral en el país, la financiación bajó a un mínimo de 3.800 millones, menos de la mitad que a comienzos de la recesión. Por su parte, en la formación continua de trabajadores la bajada ha sido cercana al 50% entre los años 2010 y 2015.
Este descenso del presupuesto, y por consiguiente de la incidencia de estas medidas, ha sucedido en un contexto en el que los marcos y políticas comunitarias abogaban exactamente por lo contrario, tal y como apunta el estudio. Desde la Cumbre de Lisboa del año 2000, e incluyendo los objetivos de la Estrategia 2020, la UE ha centrado sus esfuerzos en promover una sociedad del conocimiento altamente cualificada y con acceso a un aprendizaje continuado.
En el caso concreto de la formación de población ocupada en España, además, no solo ha habido un descenso importante de las partidas destinadas a este ámbito, sino que también se han dado cambios en su composición. De esta forma, al mismo tiempo que los presupuestos destinados a bonificar la formación continua en empresas aumentaron en más de 170 millones entre 2008 y 2015, también se redujo sustancialmente la aportación a las convocatorias estatales y autonómicas –conocidas como formación de oferta–. Un extremo que se ha visto potenciado por la Ley 30/2015, que previó nuevos requisitos y limitó la participación de la sociedad civil en esta modalidad.
El aumento de la financiación destinada a la formación continua en las compañías no ha evitado, además, que el rápido crecimiento del número de personas que participan en este aprendizaje haya desembocado en un descenso de la tasa de cobertura de las empresas –del 30% en 2013 al 22,7% en 2016– y en que la duración de los cursos también se haya disminuido sustancialmente.
Para paliar todos estos problemas, la investigación apunta a la necesidad de aumentar los recursos en este ámbito y de dar mayor protagonismo a los agentes sociales, fomentando la descentralización de la formación. Es también necesario que la concentración de los cursos en unas pocas familias profesionales se sustituya por una mayor diversificación apoyada en criterios estratégicos enfocados a sectores emergentes.
Autor
- CTXT / Observatorio Social ‘la Caixa’
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